Por Mónica G Prieto
Entre
6.000 y 10.000 inmigrantes y refugiados rohingya y bangladeshíes, a la deriva
en el sureste asiático tras la campaña contra el tráfico humano lanzada por las
autoridades tailandesas. Indonesia, Tailandia y Malasia han decidido expulsar a
los barcos de sus costas, abandonando a su suerte barcos cargados de personas
sin agua ni alimentos. Muchos traficantes están abandonando sus barcos, con sus
ocupantes a bordo, para evitar ser detenidos.
En
las imágenes se ven familias enteras a bordo de barcazas de madera, anegadas
por el oleaje y la lluvia. Padres llorosos e impotentes con niños aterrados y
demacrados que parecen amontonados, sin apenas espacio para moverse, que viajan
hacinados en endebles embarcaciones donde se agotan las reservas de alimentos y
agua potable, soportando las altas temperaturas sin destino fijo. Partieron
hace dos meses con destino a Malasia pero hace varios días la tripulación
abandonó el barco a nado, para evitar ser detenidos. De las costas malasias
fueron rechazados, como les ocurrió en las aguas territoriales tailandesas.
Hoy, los pasajeros beben su propia orina y lanzan por la borda los cadáveres de
aquellos que no superan la travesía. A gritos, contaban a los periodistas que
se acercaron a ellos que ya llevan 10 muertos.
Hablamos
sólo de un barco con 350 pasajeros pero son miles los refugiados e inmigrantes
que, en estos momentos, pasan por la espeluznante experiencia de haber sido
abandonados en alta mar y que se enfrentan a una muerte segura si nadie les
rescata. No se trata del Mediterráneo sino de la Bahía de Bengali y el estrecho
de Malacca, entre el Pacífico y el Indico. Es allí donde unas 6.000 personas,
según las estimaciones más conservadoras, y 10.000 según las más alarmistas
corren el riesgo de morir de hambre y sed o, simplemente, de ahogarse después
de que las autoridades de Malasia, Tailandia e Indonesia hayan anunciado que
rechazarán toda embarcación que se acerque a sus costas. “No dejaremos que se
acerque ningún barco extranjero salvo que se esté hundiendo”, ha anunciado el
responsable de la agencia marítima malasia, Tan Kok Kwee. “En caso contrario,
les entregaremos provisiones y les obligaremos a marcharse”. La postura es similar
a la adoptada por Indonesia. “No deberían haber entrado en aguas indonesias sin
permiso”, denunciaba el portavoz del Ejército Fuad Basya.
Según
UNCHR, agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, un millar de personas
han muerto desde marzo en esta huida desesperada por el mar. Fallecen de
hambre, deshidratación o golpeados hasta la muerte por los traficantes, y la
cifra aumentará en las próximas horas si prosigue el rechazo a lanzar
operaciones de rescate para auxiliar a los barcos que permanecen en alta mar a
la espera de una costa segura donde atracar. “Francamente, tienen pocas
posibilidades de sobrevivir sin agua ni alimentos”, evalúa John Lowry, portavoz
de la Organización Internacional de Migraciones. “Las condiciones a bordo deben
ser horribles”.
Sólo
en 2014, se estima que casi 55.000 birmanos rohingya o bangaldeshíes tomaron
estos barcos como último recurso para escapar de la persecución o de la
miseria, una cifra rebasada con creces este año: sólo en los tres primeros
meses, 25.000 rohingya pagaron una fortuna para escapar.
El
problema que ahoga hoy a centenares no es nuevo, simplemente ha sido ignorado
hasta que la realidad de las fosas comunes ha estallado en la cara de los
dirigentes. Hace dos semanas, el hallazgo de un campo de tráfico humano en la
jungla tailandesa con una treintena de fosas removía conciencias. Fueron
hallados 26 cadáveres de inmigrantes bangladesíes o refugiados birmanos de la
comunidad rohingya, una de las más perseguidas del mundo.
En
su país, Birmania, esta minoría musulmana (800.000 habitantantes) no tiene
derechos. Ni siquiera es llamada por su nombre. “Llevan sufriendo desde hace
muchos años abusos y persecución estatal. Hay unas 150.000 personas en
situación de apartheid y eso les lleva a embarcarse”, explica el director
ejecutivo de Fortify Rights, Matthew Smith, desde Bangkok. Los rohingya viven
confinados en poblados rodeados por el Ejército, sin posibilidad de trabajar y
por tanto sin futuro: una situación tan desesperada que todo aquel que puede
reunir los 2.000 dólares necesarios, los paga a una mafia de inmigración para
que le ayude a escapar a Malasia, Estado musulmán vecino donde siempre hay un
familiar o amigo que, confía, le ayude a empezar una nueva vida, o a cualquier
otro destino donde no sean perseguidos. Unos 140.000 rohingya ya han seguido
ese camino desde que en 2012 la violencia religiosa se cobrara 280 muertos. En
cuanto a los bangladeshíes, la pobreza les lleva a buscar oportunidades a
cualquier precio.
Se
trata de un negocio que mueve 250 millones de dólares al año, valoran en
Tailandia, y una oportunidad de oro para las mafias sin escrúpulos que han
desarrollado una industria intermedia, la del secuestro: tras pagar sumas
astronómicas por un pasaje en una barcaza ilegal, sin apenas agua ni alimentos,
que a veces tarda meses en consumarse –dependiendo de si se llena o no la
barcaza y de los controles marítimos- muchos traficantes les obligan a parar en
la costa tailandesa. Allí les hacen andar a pie por la jungla con la promesa de
hacerles cruzar la frontera con Malasia a pie, pero antes deben parar en
campamentos provisionales erigidos por la jungla donde son confinados, a veces
encadenados, por guardianes armados.
Allí
el agua escasea, los alimentos son casi inexistentes y los abusos están a la
orden del día. Pueden hacer una llamada telefónica a sus familiares, durante la
cual serán golpeados para añadir dramatismo: en ella, pedirán a sus seres
queridos que paguen un rescate a sus secuestradores. Otros 2.000 dólares que no
todos pueden recaudar. En el caso de no pagar –mediante un intermediario en su
país de origen- a las mafias, hay variantes: pueden ser golpeados hasta la
muerte o vendidos como esclavos a barcos pesqueros, en el caso de los varones,
o como esclavas sexuales en el caso de las mujeres.
El
relato de Mohammed Tasin, un joven rohingya de 18 años de Sittwe, en el Estado
de Rakhine (Arakan) resume bien esa realidad. El joven abandonó Birmania en
2012 en un barco que llevaba a un centenar de mujeres, hombres y niños. “Nos
arrestaron las autoridades tailandesas en el mar”, explicaba a la ONG Fortify
Rights. “Nos dieron agua potable y cortaron el ancla remolcando el barco al
oeste por un día y una noche. Después, nos dejaron marchar”. El barco terminó
encallando en una isla tailandesa, donde volvieron a ser detenidos. Durante 11
meses, el grupo permaneció arrestado en un centro de inmigrantes ilegales de
Ranong. Después, los oficiales tailandeses les entregaron a traficantes de
personas que se llevaron a Mohammad y al resto a un campo situado en lo más
remoto de la jungla. Entre torturas, les exigían 60.000 bath (unos 2.000
dólares) por persona. El joven describió cómo asistió al asesinato de varios
secuestrados: los traficantes les obligaron a cavar fosas comunes donde
enterrar sus cadáveres. “En las últimas semanas, 17 personas murieron. Los
enterramos al amanecer. A veces, cuando regresábamos al campo, encontrábamos
que otro había muerto”.
El
negocio del secuestro de refugiados e inmigrantes era un secreto a voces en
Tailandia, como ya contamos en Periodismo Humano, pero las autoridades negaban
su existencia hasta que las imágenes de las fosas y de los famélicos
supervivientes hallados al borde de la muerte fueron publicadas en la prensa.
En un momento, además, sensible para las autoridades ya que el próximo mes
Estados Unidos revisará su Informe de Tráfico de Personas (Tailandia, que ocupa
el último escalón, intenta mejorar su graduación para así evitar sanciones) y
la UE acaba de sacar ‘tarjeta amarilla’ amenazando con prohibir las importaciones
de pescado a Tailandia si Bangkok no se compromete con el final de la pesca
ilegal y de la esclavitud en los barcos pesqueros.
La
maquinaria tailandesa de las relaciones públicas se inició con una campaña por
todo lo alto, con batidas en la jungla e investigaciones en las localidades
próximas a los campos hallados. A fuerza de buscar ya han sido hallados 78
campos de traficantes, tres de ellos masivos –con capacidad para mantener
secuestradas a un millar de personas- y han sido ‘rescatados’ 213 inmigrantes y
63 víctimas de tráfico humano. Unos 80 funcionarios, cifra que incluye alcaldes
y responsables municipales de toda índole, han sido detenidos o están en busca
y captura y 67 policías han sido apartados de su cargo. Las autoridades
aseguran que el líder de la principal red de trata de blancos es Patchuban
Angchotipan, más conocido como Ko Tong (Gran Hermano), antiguo responsable
municipal y propietario de varios complejos hoteleros en la provincia de Satul,
incluida una isla privada cerca de Malasia desde donde se sospecha que dirigía
su red de tráfico humano. Ko Tong está huido de la Justicia.
“Hemos
acabado con el problema al 50%”, se ufanaba un alto cargo tailandés ante el
escepticismo de las ONG, que consideran la campaña una mera estrategia
propagandística para mejorar la imagen de la dictadura. La Junta militar
discute la posible apertura de campos de refugiados para rohingya tras hallar a
300 rohingya y bangladeshíes abandonados por la red de traficantes, una
posibilidad que horroriza a muchas víctimas: de los 300 rescatados por la
Policía tailandesa, 187 han sido acusados formalmente por entrar ilegalmente en
el país mientras que el resto será considerado víctima de trata.
El
despliegue militar ha congelado el paso de refugiados e inmigrantes por
Tailandia y ha generado pánico entre las mafias, que están optando por
abandonar su ‘carga’ en alta mar. Unos 1000 civiles habrían sido dejados a su
suerte en las costas de Langkawi, en Malasia, mientras que otros 900 fueron
rescatados en las costas de Aceh, en Indonesia, en los últimos días antes de
que Yakarta se negara a permitir la entrada de más barcos. Las autoridades de
Kuala Lumpur también aceptaron inicialmente la entrada de 350 refugiados antes
de cerrar sus aguas territoriales, pese a los llamamientos internacionales como
el del portavoz de UNCHR Adrian Edwards, que ha pedido a los gobiernos que
“continúen sus operaciones de salvamento para encontrar y lograr el desembarco
seguro de los pasajeros, muchos de los cuales están en un estado de extrema
debilidad después de días, posiblemente semanas, sin comida ni agua”. La
Organización Internacional para la Migración (OIM) se ha expresado en el mismo
sentido. “Se necesita un esfuerzo regional… No tenemos capacidad para buscarles
pero los Gobiernos sí la tienen. Ellos tienen barcos y satélites”, explicaba
Joe Lowry.
Chris
Lewa, fundadora de Proyecto Arakan –ONG especializada en la persecución de la
comunidad rohingya- suena conmocionada al otro lado de la línea. “Una de las
experiencias más duras de mi carrera se produjo esta misma tarde, cuando
hablábamos con los ocupantes de un barco abandonado en alta mar: se podía
escuchar a los niños llorando y gritando de miedo”, se desesperaba. Se refería
al barco finalmente hallado por los reporteros y la Armada tailandesa al
principio del texto. “Hemos estado en contacto con esa embarcación desde hace
días. Tras dos meses en el mar, fueron abandonados hace tres días cerca de
Langkawi, hoy (por el lunes) vieron un barco oficial de color blanco aproximarse
a ellos y en lugar de rescatarles, se marchó. Podía oir a los niños gritando,
es terrible. Necesitamos rescates, necesitamos acción. Esa gente está muriendo
en medio del mar. Cientos de personas están muriendo por falta de agua y de
alimentos, necesitamos que desembarquen y sean asistidos”.
El
barco fue avistado finalmente por varios reporteros que fletaron barcas, entre
ellos un equipo de la BBC. “Son unos 350 rohingya y están desesperadamente
hambrientos y sedientos”, decía su corresponsal mientras la cámara enfocaba a
un nutrido grupo de niños llorosos que se llevaban la mano a la boca pidiendo
comida. Un barco de la Armada tailandesa también se aproximó: les entregó
provisiones y se volvió a alejar. Se sabe con certeza que al menos otros siete
cargueros de grandes dimensiones están errando por el mar.
Proyecto
Arakan está siguiendo varios barcos con refugiados e inmigrantes. Uno de ellos
lleva 350 pasajeros, la mayor parte rohingya, y partió desde la costa birmana
hace dos meses. “Sus ocupantes ya han pagado a las mafias pero éstas ahora no
les pueden desembarcar por la vigilancia que se ha impuesto en todos los países
involucrados. Muchos capitanes y tripulaciones han decidido huir para evitar se
arrestados, así que abandonan a la gente en el mar. Es el caso de este barco de
350 personas: fue abandonado por su capitán tres días atrás porque consideraba
demasiado arriesgado atracar en la costa tailandesa. Los inmigrantes no saben
cómo utilizar el motor, no saben cómo dirigir la barca”.
Otras
mafias de los barcos habían optado por convertir sus embarcaciones en el nuevo
campo de secuestrados: quien no pague el rescate exigido es arrojado por la
borda. Una vez que pagaban, eran desembarcados hasta que el despliegue militar
impidió nuevas llegadas en Tailandia. Pero los secuestros se ejecutan de formas
variadas y por diferentes agentes, no sólo las mafias implicadas en el tránsito
de personas. En declaraciones a Burma Times, Noor Kayas, una refugiada
rohingya, relataba cómo asistió al secuestro de su marido junto a otros 12
hombres cuando atravesaban la frontera de Bangladesh provenientes de Birmania:
el grupo, compuesto por 12 mujeres, 13 hombres y varios niños permanecía
agazapado en la jungla para evitar ser detectados por los agentes de fronteras
cuando siete hombres armados con machetes aparecieron y se llevaron a los
varones. Nunca más se les volvió a ver.
Ahora,
la campaña tailandesa para acabar con los campos de tráfico humano condena a
los inmigrantes y refugiados a morir en el mar si nadie pone remedio, “lo cual
es casi peor que los campos”, evalúa Lewa. “No podemos dejar a esa gente morir
en medio del mar”, continúa. “Todo es un maquillaje político. Nos pretenden
hacer creer que combaten contra la corrupción y contra el tráfico de personas y
usan para ello a los rohingya, pero no creo que sea una política destinada a
salvar vidas. De hecho, más gente va a morir si no se les permite desembarcar.
No tienen a dónde ir, ningún país les quiere, no pueden regresar a Birmania
porque no tienen documentos, porque el Gobierno birmano les niega su
documentación. Siempre salen perdiendo”.
El
representante especial de la Organización de Cooperación Islámica para los
Rohingya, Tan Sri Syed Hamid Albar, ha pedido a la ASEAN (Asociación de
Naciones del Sureste Asiático) una acción conjunta y urgente. “Si este problema
no es afrontado por Tailandia, Indonesia, Malasia y Birmania, se convertirá en
una tragedia humana de dimensiones catastróficas”, ha evaluado. Syed Hamid ha
pedido al régimen birmano que revalide las ‘tarjetas blancas’ –tarjetas de
identidad temporales emitidas a la comunidad rohingya y retiradas el pasado 31
de marzo por órdenes del presidente Thein Sein, dejando a los rohingya del
Estado de Arakan sin papeles- para evitar que crezca el éxodo. “Si la mayoría
de la gente opta por marcharse, podemos ver una repetición de la crisis de las
gentes del barco vietnamita”, estimaba el representante en referencia a los
cientos de miles de personas que abandonaron la represión de Vietnam tras la
guerra, a finales de los 70 y los años 80, a bordo de precarias embarcaciones
con rumbo a Malasia provocando una crisis de refugiados que terminó afectando a
todo el sureste asiático: unos 800.000 sobrevivieron (llevó dos décadas
reasentarles en todo el mundo) pero incontables personas murieron en alta mar.
La
temible posibilidad de que aparezcan barcos cargados de cadáveres en las costas
del sureste asiático está llevando a organizaciones internacionales como la ONU
a presionar a los países concernidos. Tailandia ha convocado una cumbre
regional el próximo día 29 a la que han sido invitados, además de Indonesia,
Bangladesh, Malasia y Birmania, Vietnam, Laos, Camboya, Australia y Estados
Unidos además de instituciones como la OIM o UNCHR. “Tailandia sólo es un país
de tránsito”, ha señalado el general Prayuth, a cargo de la Junta militar
tailandesa. “Se trata de un movimiento criminal trans nacional y sólo nos
afecta como país de tránsito, así que tenemos que resolver el problema con la
cooperación de otros países”. ONG como Fortify Rights han pedido a las
autoridades de Tailandia, Indonesia y Malasia que “abran sus fronteras a los
refugiados, garanticen su acceso a los procedimientos de asilo y les protejan
de detenciones y regresos forzados, garantizando su libertad de movimientos”.
Matthew Smith califica la situación de “grave crisis humanitaria que requiere
una respuesta inmediata, porque hay vidas en juego”.
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