Por El Clarín
Fotografía de Leo Vaca
Emilio Eduardo
Massera está enterrado a 500 metros de Jorge Rafael Videla. Los dos están en el
cementerio Parque Memorial de Pilar. Los dos, que murieron cumpliendo condenas
por decenas de asesinatos y violaciones a los derechos humanos, están en tumbas
con los nombres cambiados. Comparten un destino común que se selló cuando
integraron la primera junta militar de la dictadura.
Según trabajadores
del cementerio, el cadáver de Massera, enterrado tras su deceso el 8 de
noviembre de 2010, nunca estuvo identificado como tal. Después de algunos días
sin una lápida, en la tumba ubicada en el Sector G del Parque Memorial se optó
por colocar una placa con otro nombre.
El cuerpo de Videla,
ubicado en el sector T1, está debajo de una lápida a título de la familia Olmos.
A diferencia de su situación, que se supone transitoria dado el deseo de su
familia de cremar sus restos, los parientes de Massera habrían decidido que el
ex militar, acusado de 83 homicidios y 623 privaciones ilegales de la libertad,
continúe bajo confidencialidad de forma permanente. Las dos familias invocaron
razones de seguridad para explicar por qué preferían ocultar la identidad
verdadera de quienes yacen en esas tumbas: las dos temen escraches en el lugar.
A pocos metros de
esas dos tumbas, en el sector H, se ve una realidad distinta con otro
funcionario clave de la dictadura: es la de José Alfredo Martínez de Hoz,
sepultado el 16 de marzo de 2013. Los restos del ex ministro de Economía
durante el mandato de Videla sí llevan una lápida con su identidad.Para Juan
Pablo Trovatelli, concejal y jefe del bloque justicialista en el Concejo
Deliberante de Pilar, la situación de ocultamiento de los restos de los ex
jerarcas de la dictadura genera una "sensación de impunidad que se traslada
a lo largo de tiempo". "Entiendo que debe obedecer a una cuestión que
desconozco, pero sería muy positivo que ese cementerio privado o la Justicia
puedan clarificar esta cuestión", asegura.
Según Romina Tomeo,
representante de imagen de Jardín del Pilar, propietaria del cementerio, el
secreto respecto a la ubicación de las tumbas "obedece a una política de
la Compañía basada en un esquema de estricta confidencialidad y respeto de la
información de todos sus clientes". En el caso puntual de Videla, "el
titular de la parcela solicitó expresamente el resguardo de dicha información u
otra que se pudiera dar en el parque".
Además, Tomeo aclaró
que "no existía condición legal alguna que nos hubiese permitido negarnos
(a enterrar sus restos)". "La Empresa respeta los contratos firmados
con sus clientes sin restringir el derecho a uso por cuestiones de raza, credo,
nacionalidad", explicó.
Para Liliana Alfaya,
ex concejal de Pilar y actual funcionaria en el la Cámara de Senadores de la
Provincia de Buenos Aires, la respuesta de la empresa Jardín del Pilar no es
del todo satisfactoria. "Porque no es solo una cuestión de servicio de
empresa privada, sino que se trata de acompañamiento ideológico. Recordemos que
todo se hizo con un silencio cómplice", dice. A pesar que la ordenanza
117/05 obliga a que cada cementerio privado, como el Memorial, presente cada
mes ante la Dirección de Salas Velatorias y Cementerios el listado de las
inhumaciones, exhumaciones y cremaciones, la concejal de la UCR, Claudia
Zackehm, no pudo acceder a la información por no contar con una orden judicial.
"No comparto ese criterio. ¿Qué pasaría si alguien tiene plata y paga para
que no se sepa dónde está enterrado un pariente. ¿Cuántos crímenes y demás
situaciones se cometerían? El Estado no puede olvidar su rol de control",
dijo Alfaya.
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