Por Política El
Tiempo
Desde el 2010, la
Fiscalía, el Instituto Nacional de Medicina Legal y algunas ONG vienen
desarrollando una campaña para ubicar, exhumar, identificar y entregar a sus
familiares miles de restos de personas que han sido sepultadas como no
identificadas en los camposantos del país, varios de los cuales serían
combatientes muertos en medio del conflicto.
Esta tarea recibió un
fuerte impulso con la “orden” del presiente Juan Manuel Santos, en mayo pasado,
para que no se sepultaran más guerrilleros como NN.
“Los padres de
nuestros soldados asesinados y los padres de los guerrilleros muertos son
también colombianos y sus lágrimas son las mismas, no lo olvidemos”, dijo
Santos luego de la muerte de 26 insurgentes tras un bombardeo de la Fuerza
Pública, en el Cauca.
Uno de los
protagonistas de las exhumaciones de cadáveres no identificados ha sido el
padre Javier Giraldo, un activista de derechos humanos quien desde hace varios
años ha estado vinculado al Centro de Investigaciones y Educación Popular
(Cinep).
En diálogo con EL
TIEMPO, el padre Giraldo contó cómo ha sido el proceso de ubicar y exhumar
estos cuerpos, algunos de los cuales, según datos que entregó hace algunos días
la Fiscalía, serían guerrilleros muertos en combate.
El padre Giraldo
afirmó que entre los camposantos que se han visitado durante la campaña hay
cinco que concentran el diez por ciento de los más de 20.000 enterrados como no
identificados en el país: La Macarena, Granada, Vistahermosa y Villavicencio,
en el Meta, y San José del Guaviare, en el Guaviare.
“Hay casos de
familias que temen que su hijo murió en combate y que si ellos se acercan a
reclamar el cadáver los van a dejar detenidos”, dijo el sacerdote.
¿Cómo ha sido la ubicación de personas
sepultadas como no identificadas en cementerios del oriente y el sur del país?
En el 2010, a raíz de
algunas denuncias de pobladores de La Macarena (Meta) en el sentido de que se
estarían llevando combatientes muertos a su cementerio, empezamos a recorrer
otros de la región como el de Granada, en el que encontramos muchas tumbas con
una pequeña descripción en la que decía que había siete, cinco o tres cuerpos.
En un sitio en el que no había ninguna señalización sino solamente un montón de
piedras, por información de algunos habitantes, descubrimos que habían
enterrado a las víctimas de un bombardeo. Los habían traído en camiones y la
mayoría eran menores de edad. La Fiscalía lo pudo comprobar y exhumó más de 40
restos.
¿Qué otros cementerios visitaron?
Luego fuimos a
Vistahermosa, también en el Meta, donde encontramos el mismo fenómeno.
Posteriormente en Villavicencio también había una zona de tumbas no
identificadas, al igual que en San José del Guaviare.
¿Cómo ha sido este proceso de exhumaciones de
cuerpos no identificados?
Muy difícil. En un
comienzo encontramos a una fiscal, la doctora Sandra Herrera, que estaba en la
Unidad de Justicia y Paz, muy sensible a este problema. Ella nos colaboró
mucho, fue la que hizo exhumaciones en Granada y en La Macarena. Después de ese
descubrimiento en La Macarena se convocó, en julio del 2010, una audiencia
pública de campesinos de toda la región. Vinieron unos 5.000 y dieron
testimonios impresionantes de desapariciones. Algunos tenían sospechas de que
sus parientes podrían estar en el cementerio de La Macarena. Se tomaron muchos
datos y la Fiscalía mandó una unidad para recoger muestras de ADN y cotejarlas
con los restos que se iban exhumando. Después de que la fiscal Herrera salió de
allí, la colaboración ha sido casi nula por parte de la Fiscalía. Llegó un
momento en que nosotros fuimos llamados por campesinos que estaban en zonas de
guerra y a las que la Fiscalía o no entraba o los armados no le permitían
entrar. Entonces empezamos a hacer lo que llamamos exhumaciones humanitarias.
¿Cómo es esto?
Son exhumaciones por
parte de organizaciones civiles como el Cinep y la Corporación Orlando Fals
Borda, entre otras. Empezamos a exhumar y llegamos a un acuerdo con fiscales
para que, en una zona menos riesgosa, les pudiéramos entregar los restos y
ellos pudieran iniciar las investigaciones, sobre todo el análisis de la
identificación. Les tomaban las muestras a los posibles familiares y también declaraciones
para esclarecer los casos. Después llegamos a un convenio ya más formal para
las exhumaciones humanitarias, pero esto es muy costoso también. Los viajes a
regiones de guerra, que son ordinariamente lejanas y con todo el equipo de
antropología forense y personas que ayudan en esto, son muy costosos.
¿Eso lo financiaban las organizaciones no
gubernamentales?
Sí.
¿Estos restos eran considerados por sus
familias como personas desaparecidas o se hablaba de guerrilleros muertos en
combate?
Desaparecidos porque
para la familia, cuando no aparece el cadáver, es un desaparecido. La mayoría
de las familias de guerrilleros muertos en combate no tienen información de
dónde murió su pariente, dónde estaba combatiendo, simplemente un día se desaparece
y no vuelve a comunicarse o les llega la noticia de que a su hijo lo mataron,
pero no saben dónde lo enterraron, es un desaparecido.
¿Cómo es la reacción de las familias tras las
exhumaciones de los no identificados?
Ha habido una medida,
que fue el momento de mayor colaboración de la Fiscalía, que fue hacer un cruce
con los archivos de la Registraduría. Se logró inclusive identificar, con las
fotos de las cédulas, a las víctimas. La Fiscalía publicó unos folletos con las
fotos y algunos datos de ellos.
¿Y empezaron a aparecer las familias?
Unos cuantos han ido
apareciendo. Esos carteles los pusimos en oficinas de personerías, de la
Defensoría del Pueblo, en algunas alcaldías, en la Pastoral Social y han
aparecido algunas familias que se van enterado, saben que es su pariente y
empiezan el proceso para reclamarlo. La Fiscalía ha entregado muy pocos restos.
En el 2010 la Fiscalía hizo una encuesta a las alcaldías para preguntar cuántas
tumbas no identificadas había en sus cementerios. Respondieron 868 de 1.100 y
según eso había más de 20.00 casos de tumbas anónimas en el país. Es muy
significativo que en los cinco cementerios de los que hablábamos antes y que
nosotros visitamos e identificamos como los que tenían un número muy grande de
tumbas anónimas, está el diez por ciento de cuerpos enterrados como no
identificados, es decir más de dos mil.
¿Esos más de 2.000 cuerpos ya fueron exhumados?
No. Hay unos que ya
fueron exhumados, pero no han sido identificados, Por eso se requiere una
campaña grande y todo esto demanda recursos en las zonas en las que hubo más
violencia, más enfrentamientos y desaparecidos, informar más a las familias,
por todos los medios de comunicación, para que se acerquen y den los datos o se
tomen una prueba de ADN. Realmente las familias están muy aisladas y
desinformadas en el campo.
¿Hay familias de muertos en combate que por
motivos de seguridad prefieren no acercarse a reclamar?
Sí, hay casos de
familias que temen que su hijo murió en combate y que si ellos se acercan a
reclamar el cadáver los van a dejar detenidos y entonces más bien no se
acercan, esos casos se dan.
¿Qué significado tiene en la búsqueda de la paz
lograr identificar a estos NN, algunos de los cuales serían guerrilleros
muertos en combate?
Hace pocas semana el
mismo presidente Santos anunció una orden para que no se entierre un
guerrillero más como no identificado, que se les entreguen a los familiares los
restos. Es impresionante que algo que es una norma, podríamos decir milenaria
de la humanidad, apenas hasta ahora se convierte en norma en Colombia. Se
habían tolerado ese tipo de inhumaciones, que es como una segunda muerte de la
persona o una tortura permanente para la familia, porque se tenía esa costumbre
de no entregar los cadáveres. Es como ese afán de destruir totalmente a la
persona, sus memorias, sus restos y humillarlo hasta el máximo, de
estigmatizarlo hasta el máximo y eso se había convertido en normal cuando en
todos los Convenios de Ginebra, por ejemplo, se ordena la entrega de los restos
de los combatientes y enterrarlos dignamente, pero Colombia, que había firmado
todo esos tratados, los violaba permanentemente.
